La respuesta que da el ministro de relaciones exteriores canadiense a la reportera que investigó y presentó la historia al público del Canadá es que "la empresa en México dice que cumple con todas las leyes". Cinismo de cuello blanco, de cuello dorado mejor dicho.
Asimismo, el servicio informativo de Cencos (http://cencos.org/node/28808), dio a conocer la noticia de que en Ciudad Juárez, Chihuahua, fueron detenidos el padre y el hermano de una joven desaparecida, por quien han pedido justicia e investigación de su paradero. La joven es Esmeralda Castillo Rincón. No solamente no han investigado dónde está, sino que ahora detienen, en un proceso irregular, a su padre José Luis Castillo Carreón y a su hermano Lorenzo. Los detienen mediante engaños y sin presentar una orden de aprehensión, por un supuesto delito investigado desde 2008. Los familiares de los ahora presos políticos expresaron, en entrevista para Cencos, que los denunciantes de los presos son personas que trabajan en "casas de masajes", muy probablemente relacionadas con la trata de personas.
Asimismo, José Gil Olmos publicó en sinembargo.mx que el gobierno de Felipe Calderón, mientras fingía atender en diálogo público a las víctimas de la guerra en México agrupadas en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, investigaba mediante el espionaje (llamado en la jerga militar "inteligencia") a los activistas más visibles, al menos es a quienes Sin Embargo enlista en el reportaje. "Las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública tienen perfiles detallados de Sicilia, de Álvarez Icaza, extitular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF); de Miguel Álvarez Gándara, presidente de Servicios de Asesoría para la Paz (Serapaz); de Clara Jusidman, fundadora de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide Social); de Miguel Concha, fundador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, y del estudiante Raúl Romero Gallardo."
La respuesta de los poderes, sean el de las corporaciones transnacionales como Fortuna Silver, el de los poderes criminales como los que están aparentemente detrás de las desapariciones de jovencitas en Ciudad Juárez y el poder formal del gobierno federal y los estatales y municipales, es llanamente la represión: El asesinato político como el cometido contra el activista Bernardo Vázquez, en medio de la impunidad propiciada por el gobierno federal y el oaxaqueño (coalición PAN- PRD), la judicialización y el uso punitivo y político de la justicia como el caso del padre y el hermano de la joven desaparecida Esmeralda Castillo Rincón, y el espionaje como en el caso de los activistas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
Por otra parte, las revelaciones de la revista Proceso del pasado en conflicto con las leyes de la empresaria Isabel Miranda de Wallace, al parecer, explica en gran medida su postura en defensa de las estrategias militaristas de Felipe Calderón, en defensa de la impunidad del Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública y su candidatura por el PAN al gobierno del DF.
Es claro que el poder protege y ayuda a quienes lo protegen y ayudan, volviéndose cómplices de su corrupción, pero persigue, encarcela e incluso mata (o al menos tolera a quienes matan) a los defensores de los derechos humanos y activistas por la paz.
Sintomáticamente, la ficha policiaca retomada por el reportaje de Sin Embargo destaca el momento en que Javier Sicilia pidió públicamente la renuncia de García Luna y enlista a quienes se solidarizaron con su pedido y quienes defendieron a García Luna, entre estos últimos la hoy candidata Miranda de Wallace.
El comportamiento represivo e intimidatorio contra los defensores de derechos humanos desmiente la imagen que el gobierno pretende hacerse, a fuerza de un despliegue masivo de espots electorales. Particularmente, hay uno donde los actores distinguen a México (supuestamente un país donde los ciudadanos deciden en las urnas) de lo que ocurre en "otros lugares del mundo" (alusión a las protestas sociales en varios continentes): Bajo la apariencia de que las urnas deciden quién manda, el poder opera de facto, y lo hace sin respetar las leyes, no solamente los poderes criminales y los poderes represivos formales, incluso transnacionales como las mineras tienen en este país licencia para violar la ley, licencia respetada cuidadosamente en los hechos por los poderes "locales". Sin embargo, quieren que le llamemos a esto una democracia.
Javier Hernández Alpizar
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