A partir de una dignidad recobrada, que se refrenda diariamente, las juntas de buen gobierno y los gobiernos autónomos municipales han logrado avanzar de manera notable en rubros importante como la salud, la educación, la producción y comercialización de productos comunitarios, bajo una perspectiva autosustentable y redistributiva. En un contexto de emergencia nacional causada por el mal gobierno al servicio del capital y el imperialismo mundial encabezado por Estados Unidos, las experiencias zapatistas y las de otros pueblos indígenas que en la geografía del país optaron por la autonomía, constituyen el otro polo equidistante a los saldos de miseria, muerte, entreguismo y represión que deja el sexenio que termina y los malos augurios del que inicia por medio del fraude y la imposición.
Esta otra forma de ejercer el poder, practicar la política y asumir formas de convivencia social solidarias se ha desarrollado a pesar del acoso permanente de una estrategia de Estado basada en la recolonización de los territorios para apoderarse de sus recursos, en la contrainsurgencia, el cerco de penetración militar y policial, los intentos sistemáticos de cooptación, infiltración y provocación, y si todo esto no funciona, la acción directa de grupos paramilitares que golpean a mansalva a las comunidades, que invaden sus tierras liberadas, queman y destruyen casas, escuelas, clínicas, cosechas y enseres, que provocan el desplazamiento de sus poblaciones y que se arrogan, en suma y gozando de impunidad, el papel del martillo clandestino estatal sobre el yunque del Ejército, siempre omnipresente, y la gestión facciosa del Poder Judicial, presto para criminalizar a zapatistas y a integrantes de sus bases de apoyo. Conocemos de los ataques y hostigamientos a partir de las denuncias de las juntas de buen gobierno de Morelia (en especial el ejido Moisés Gandhi), La Realidad y Roberto Barrios, y en particular, las acciones de contrainsurgencia contra la comunidad autónoma zapatista Comandante Abel, del municipio autónomo La Dignidad, que se encuentra sitiada por paramilitares y policía estatal, en un modus operandi que muestra la complicidad y vinculación directa entre paramilitarismo y las fuerzas represivas del Estado.
Esta agresión a las comunidades mayas zapatistas ya ha sido denunciada en los ámbitos nacionales e internacionales por diversos colectivos, gremios y organizaciones que consideran como propios los alcances civilizatorios de sus procesos autonómicos y de sus propuestas para el rescate-reconstrucción de una nación donde quepamos todos y todas y de una lucha anticapitalista basada en la participación colectiva y protagónica de los explotados, discriminados y oprimidos que abajo y a la izquierda resisten el control y la dominación de los trabajadores, que se suman a la lucha de los pueblos contra la ocupación integral de sus territorios y recursos, que denuncian el vaciamiento y el descrédito de una democracia tutelada por la dictadura mediática, los poderes fácticos y el crimen organizado dentro y fuera del mal gobierno.
Estos colectivos que acompañan a los mayas zapatistas y a su Ejército Zapatista de Liberación Nacional sienten también en carne propia la acometida del Estado mexicano por medio de sus fuerzas armadas y sus paramilitares en contra de los municipios autónomos, en el entendido que ellos son nosotros, que no han estado ni están solos, que si tocan a uno nos tocan a todos.
No hacer caso de las palabras de indignación de quienes en la nación y en el mundo entero nos solidarizamos con nuestros hermanos zapatistas y reclamamos el cese inmediato de la embestida criminal es un acto más de violencia suprema contra México y contra la humanidad.
Pablo González Casanova, Luis Villoro y Gilberto López y Rivas
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