Al levantar el plantón en exigencia de justicia por la muerte de un grupo de jóvenes, entre ellos su hijo Juan Francisco, una de las primeras acciones de la movilización que ha llevado a la Caravana a Juárez y a la firma del Pacto por la Paz, Javier Sicilia leyó un texto, el 13 de abril, en Cuernavaca. Dijo el padre del joven asesinado: “frente a la violencia de todo tipo que se ha apoderado del país, frente a esta guerra mal planteada, mal hecha y mal dirigida, que lo único que ha logrado, además de sumirnos en el horror y el crimen, es poner al descubierto el pudrimiento que está en el corazón de nuestras instituciones, frente a toda esta locura que tiene desgarrado el tejido y el suelo de nuestro país, uno se pregunta: ¿Dónde están los gobiernos y sus poderes, dónde está la clase empresarial de la nación, dónde la Iglesia católica y la otras Iglesias que dicen custodiar nuestra vida espiritual, dónde está la dignidad sindical que dice guardar la nobleza de los trabajadores y dónde los partidos políticos que dicen tener un programa para la nación? ¿Dónde los ciudadanos que abandonándonos al cuidado del pudrimiento de las instituciones no hemos tomado en cuenta la lección zapatista de organizar en asambleas reconstituyentes nuestros barrios, nuestros pueblos, nuestras colonias para crear gobernabilidad? Todos y cada uno de ustedes y de nosotros tenemos graves omisiones y complicidades criminales maquilladas de legalidad que nos han sumido en el caos y, como le dijo el poeta Mandelstam a Stalin, nos hacen ya no sentir el suelo bajo nuestros pies.”
Javier Sicilia apeló al sentido de responsabilidad: El gobierno que está mal gobernando este país lo ha hecho porque el resto del país no se lo hemos impedido. No obstante, las voces que piden centrar la culpa sólo en Calderón intentan simplificar la cuestión en una persona o un pequeño grupo, algo así como “la mafia que nos robó la presidencia”. La simplificación es un desliz que en el pecado lleva su penitencia.
De los partidos políticos, todos, dijo Javier Sicilia: “Hasta ahora, sumidos en sus intereses, empantanados en sus pequeñas y mezquinas ambiciones ideológicas, mediáticas y electoreras, empeñados en idioteces, lejos de detener esta violencia demencial están despojando a nuestros jóvenes de la esperanza y de sus sueños, y les están mutilando su creatividad, su libertad y su paz.
“Los partidos políticos tienen gravísimas omisiones frente al crimen organizado. Esas omisiones han sido la moneda de cambio para acomodarse aquí y allá, erosionando las instituciones e hiriendo gravemente a la nación. (Cualquier lector de Proceso ha visto esa complicidad con el crimen al menos de los tres partidos más importantes: PAN, PRI y PRD.)
“Los gobiernos, me refiero al ejecutivo y legislativo de la Federación, de los estados y de los municipios, han mantenido impune a una buena parte de la mal llamada clase política porque no han sido capaces de independizar al poder judicial de la política y con ello han protegido intereses y complicidades criminales. (…) Son omisos también porque en nombre de una guerra absurda están destinando presupuestos multimillonarios para alimentar la violencia y, al quitárselos a la educación, al empleo, a la cultura y al campo, están destruyendo el suelo en el que la sobrevivencia y la vida pública tienen su casa.”
Ahora que la Caravana a Juárez tiene un documento como punto de partida para discutir cómo parar la guerra, la militarización y la violencia, hay quienes intentan simplificar las cosas: El chivo emisario sería Felipe Calderón y en él se dejarían las responsabilidades de muchísimas personas más que también han jugando su papel en la guerra. Los partidos políticos –todos– tienen cuotas de poder en el gobierno federal, los estatales y municipales. Han dejado que el presupuesto sea destinado a la guerra, que la militarización se verifique en sus estados, bajo gobiernos de todos los colores partidarios. Ningún gobernador se ha opuesto a la estrategia militarista, la han abrazado. Ninguno ha hecho justicia a las víctimas. Incluso Ebrard usa el despliegue público de patrullas y policías como estrategia electoral, con foto en la portada de La Jornada.
Pero la tradición de pedir “juicios políticos” pide uno para Calderón, con lo que darían la oportunidad a los legisladores –a quienes le aprobaron el presupuesto y a quienes no le impidieron sacar al ejército a las calles– de hacer un circo mediático con fines electoreros. La justicia convertida en propaganda electoral es una manera de pelear sus cuotas de poder usando a las víctimas como monedas de cambio.
Y cada uno de los ciudadanos ¿dónde hemos estado? Cada cuál puede contestar “Yo no fui”: Los que no votamos porque “yo no participé en esa farsa”. Los que votaron por otro candidato porque “yo no voté por él, mi presidente es el legítimo”. Los que han votado por el PAN porque “votamos por el cambio”, y los elegidos traicionaron a sus votantes. Nunca ha dejado de asombrarme cómo la partidización permite escabullir las responsabilidades y cargarlas al de enfrente: Si los gobernantes panistas destrozan el país, los priistas y los perredistas piden ahora el voto para ellos, escondiendo su complicidad en la destrucción. Pero en los hechos, cuando hay represión, como en Atenco y Oaxaca, y en la contrainsurgencia contra el EZLN y sus comunidades autónomas, vemos a los diferentes niveles de gobierno y a funcionarios de todos los partidos políticos (PRD, PRI, PAN, etcétera) actuar juntos, muy unidos.
Especialmente criticamos la irresponsabilidad del espectro electoral que se reclama de izquierda por su silencio cómplice con los gobiernos de sus partidos, a quienes han llevado al poder con sus votos, pero eximen cada vez que señalan la responsabilidad solamente del PRI y el PAN. La estrategia represiva y criminalizadora contra los pobres en la Ciudad de México fue traída desde Nueva York por Rudolph Guiliani, pagado por López Obrador, y con ella se ha usado a la fuerza pública contra los de abajo para favorecer a empresarios del salinismo, como Carlos Slim, durante los gobiernos de López Obrador y Ebrard. No obstante, los columnistas de ese espectro electoral juzgan al Movimiento por la Paz desde el rasero de si apoya o no a su candidato.
En el discurso varias veces citado dijo Javier Sicilia: “No es posible que en esta nación tengamos al empresario más rico del mundo y a 50 millones de hombres, mujeres, niños y niñas, despojados y sumidos en la miseria. Hoy somos testigos de una guerra entre los gigantes de la telecomunicación, una guerra tan imbécil y absurda como la que vivimos entre el crimen y el gobierno, y ya no sabemos bien si su disputa es por los mercados, por el espectro o por saber quien logra expoliar más a los mexicanos.”
Es la guerra que enfrenta a Carlos Slim y su grupo con Televisa- TV Azteca y su grupo. La polarización electoral, en gran medida, gira económica, mediática y políticamente alrededor de esos dos grupos oligárquicos. El discurso de oposición a toda corrupción es bastante poco creíble viniendo de quien es amigo y socio de negocios, en la Plaza Guadalupana, de Carlos Slim y Norberto Rivera: López Obrador.
Sin embargo, pretenden que el apoyo a su candidato sea el rasero para considerar a alguien o no de izquierda.
El Movimiento Nacional por la Paz irá al fracaso si no supera la lógica partidaria. Lo ilegítimo no es solamente un hombre en un cargo, llámenle “titular del Ejecutivo” o como gusten. Lo ilegítimo es el régimen, e incluso algo más amplio el Estado garante de los intereses de los más ricos (como Slim) y destructor de los intereses de todos los demás, no solamente por “una mafia” sino por una oligarquía nacional y transnacional cuyos intereses no ha tocado ningún gobierno, ni los del PRD.
Lo que hay que cambiar no es meramente el partido o el inquilino en Los Pinos, sino el entramado social y político entero. De lo contrario, terminaremos con el “voto de castigo” dándole un respiro al sistema: la misma oligarquía con otros actores. El argumento de que sacando a los corruptos y poniendo a una persona honesta en el poder acabaría el problema fue con el que el PAN llegó al poder en 2000. Es un argumento superficial. Lo sorprendente es que quienes pretenden hacer una crítica desde la izquierda sigan viendo desde esa perspectiva decimonónica y sigan en busca del Hombre perdido.
Finalmente, las palabras del discurso citado que se refieren a los zapatistas. El gobierno que firmó su palabra en los Acuerdos de San Andrés y la traicionó no fue solamente un hombre, Zedillo, fueron los tres poderes de la Unión, y en ellos, funcionarios y políticos de los tres partidos: PAN, PRI y PRD, partidos que han estado juntos en la contrainsurgencia. Por ello esas palabras me parecen muy justas, para todos, sin excepciones que poner en una burbuja de pureza: “En 1994, cuando los indios de este país se levantaron en la frontera sur, en Chiapas, con su “Ya basta”, pusieron ante los ojos de la patria la inmensa cantidad de excluidos que las ambiciones, los intereses de ustedes y su luchas cerriles habían ignorado y humillado. Con ello, nos pusieron también ante los ojos la desgarradura que el tejido de la nación venía sufriendo desde décadas atrás. A pesar de los legítimos reclamos del zapatismo, a pesar de sus propuestas para rehacer un México en el que todos quepamos, ustedes los han ignorado, los han intentado desprestigiar y los han reducido a un cerco militar y mediático. Diecisiete años después, su sordera, y la continuación de sus mezquindades y ambiciones, han provocado que en la frontera norte, en Ciudad Juárez, se haya instalado la violencia, la impunidad y el miedo. Entre esa frontera: la del norte, la de la impotencia, la del pudrimiento de las instituciones y la del imperio de la impunidad y el crimen, y la otra, la del sur, donde resiste, como puede, un puñado de dignidad moral, las familias de este país están quebradas, pero no vencidas; están profundamente dolidas, pero no aterrorizadas, sino indignadas; llenas de esa fuerza moral que los indios y los excluidos de esta nación han sabido comunicarnos.”
Negar la responsabilidad de sus líderes, candidatos y gobernantes es algo que iguala profundamente a unos y otros partidos. El Pacto Ciudadano por la Paz no puede partir de esas complicidades.
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